Dentro de las lógicas de escolarización en Chile hace tiempo que se habla de la llamada "inclusión", un aspecto que desde fuerzas externas ha entrado poco a poco en las políticas educativas y en las aulas de los colegios chilenos. Pero, al ser el nuestro un país caracterizado por lógicas de mercado, la instauración de políticas enfocadas a la diversidad y la inclusión caen en un remolino de contradicciones y malas prácticas; cuestiones que al aplicarlas hicieran parecer que algo se está haciendo pero que, si se mira en profundidad, sólo perpetúa la segregación.
La "ley de inclusión escolar" viene a instaurar un cambio dentro de la conceptualización de aquellos que eran excluidos y excluidas de la educación "normal": desde una individualización del "problema" se pasó a un "hacerse cargo" por parte del estado. Pero ¿cómo el estado chileno se hacer cargo de esto? entregando financiamiento a los colegios para que incluyeran a los alumnos y alumnas que en algún momento fueron excluidos (financiamiento a la demanda). Se está solucionando un problema: el acceso; pero una verdadera orientación a la inclusión debe también tomar en cuenta ¿cómo se está aprendiendo?, ¿qué se está aprendiendo?, y sobre todo la participación de todos y cada uno de los integrantes del proceso educativo.
Chile se hizo cargo de un problema... pero creó otros: niños y niñas medicados con el fin de integrarlos en salas de clases que no son capaces de cambiar sus formas para adaptarse a la diferencia y la diversidad; colegios que utilizan la integración sólo con el fin de aumentar los ingresos monetarios.
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